En una decisión de 6-3, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que la obtención de datos de ubicación detallados de un teléfono celular por parte de la policía constituye una búsqueda amparada por la Cuarta Enmienda, incluso si dichos datos solo cubren un período breve. Esta resolución tiene implicaciones significativas en la forma en que las fuerzas del orden pueden acceder a la información de ubicación de los teléfonos celulares.
Contexto y antecedentes
En 2019, la policía de Virginia utilizó una orden de geolocalización para obtener datos de ubicación de Google de teléfonos Android que se encontraban cerca de la escena de un robo. Esto llevó a los investigadores a un sospechoso. Inicialmente, Google proporcionó datos de ubicación anonimizados para 19 dispositivos, que posteriormente se redujeron a 9 y finalmente a 3 usuarios identificados. Esto condujo a los investigadores a Okello Chatrie, quien fue acusado formalmente por un gran jurado federal de cargos de robo y armas de fuego. Chatrie impugnó la admisión de los datos de ubicación de Google, argumentando que la policía los había obtenido a través de una búsqueda inconstitucional.
El tribunal de distrito coincidió en que la orden violaba la Cuarta Enmienda, pero se negó a suprimir la evidencia bajo la excepción de buena fe. El desafío legal de Chatrie llegó finalmente a la Corte Suprema. La resolución de hoy establece que la policía realiza una búsqueda amparada por la Cuarta Enmienda cuando obtiene el historial de ubicación detallado de un teléfono celular de una empresa de tecnología.
La decisión de la Corte Suprema
Como resultado, incluso si los datos cubren solo un breve período o son retenidos por una empresa de terceros, permanecen protegidos por la Cuarta Enmienda. Según la resolución de hoy, dado que la obtención de los datos cuenta como una búsqueda, la policía generalmente debe obtener una orden respaldada por causa probable y que describa el alcance de la búsqueda con suficiente particularidad antes de acceder a ella. Sin embargo, el Tribunal no decidió si la orden de geolocalización utilizada en el caso de Chatrie era válida. En su lugar, remitió el caso al tribunal de apelaciones para determinar si cada etapa de la orden estaba respaldada por causa probable y suficientemente particularizada.
Es importante destacar que la resolución de hoy no prohíbe las órdenes de geolocalización. Sin embargo, deja claro que este tipo de datos de ubicación están protegidos constitucionalmente y no pueden tratarse como disponibles libremente para las fuerzas del orden como podrían haber sido en el pasado. Aunque este caso involucró a Google y teléfonos Android, la protección de los historiales de ubicación detallados de teléfonos celulares por parte de la resolución no es específica de la empresa y podría extenderse a registros comparables mantenidos por Apple y otras empresas de tecnología en el futuro.
